Esta desorientación no es sólo exclusiva de los padres: también afecta al Estado. El Estado tampoco sabe qué hacer con los adolescentes. Nuestra Constitución, en su artículo 12, contempla la mayoría de edad a los 18 años. ¿Qué significa eso? Que sólo a los 18 años los españoles alcanzamos la edad adulta, donde vamos a poder disfrutar del ejercicio pleno de todos nuestros derechos, y asumir en correspondencia plenamente nuestras responsabilidades.

Pero las personas que tienen menos de 18 años: ¿pueden ejercer sus derechos? Algunos sí, otros no. Y aquí comienza el lío, pues no está nada claro en función de qué criterio se entiende que un menor es suficientemente maduro para ejercer un derecho pero no otro. No hay sistemática, sobre todo en la franja de edad de 16 a 18 años. Se pueden casar, pero sólo si están emancipados, para lo que necesitan la anuencia de sus padres. Pueden trabajar y pagar impuestos, pero no pueden comprar una cerveza. Se pueden operar los pechos sin informar a sus padres (sí, así se desprende de la ley de autonomía del paciente de 2003) pero no pueden firmar un contrato de compraventa de un ciclomotor, por ejemplo. Por cometer un delito grave son castigados con privación de libertad, pero no van a la cárcel.

Ciertamente, no sabemos qué hacer con ellos. La razón es que estamos en una zona de transición entre la niñez y la vida adulta, entre la inconsciencia y la responsabilidad. El lío es comprensible, pero no es razonable. Debemos simplificar, tomar una decisión sobre una edad y marcar la frontera para todo. Si uno es maduro para trabajar encima de un andamio es ridículo pensar que no se le puede permitir comprar una cerveza porque puede ser peligroso para su integridad física. Si uno no tiene madurez suficiente para pedir un préstramo qué sentido tiene que sí se le permita operarse. Si la sociedad piensa que un chico de 17 años debe pagar con 25 años de prisión un asesinato, como cualquier adulto, cómo podemos pensar a la vez que no es suficientemente responsable de sus actos como para dejarle montar una empresa. Esto hay que unificarlo, quizás reduciendo la mayoría de edad a los 16 años. Yo soy de los que pienso que con la cantidad de información que los chavales acumulan hoy en día con 17 años ya eres adulto. Pero lo que no entiendo es que lo sean para unas cosas y no para otras.

La España de las Autonomías ha creado una serie de patologías, en él se centran todas. El localismo victimista, que imputa todo lo malo al enemigo exterior, representado en el pérfido Gobierno central o en otras Comunidades Autónomas, a las que se trata mejor que a la nuestra. Maravillosa coartada para nunca responder de nada: que el paro es del 22%, 4 puntos superior a la media nacional, la culpa de Zapatero, que no pongo dinero en la educación pública para gastármelo en Fórmula 1, la culpa de Zapatero, que no me da dinero, que me pillan favoreciendo que unos chorizos saqueen la Generalitat valenciana, la culpa de Zapatero, que va a por mí, es decir, a por todos los valencianos, porque nos odia.

La manipulación constante de los medios de comunicación locales, a los que se extorsiona, se compra, con el resultante de una sociedad narcotizada contra la corrupción, la falta de escrúpulos, la impunidad institucional (léase el episodio del senador socialista que llevan bloqueando 8 meses).

Es una política tan burda, tan intelectualmente insostenible, y digamos toda la verdad, tan eficaz en una sociedad dominada por el acomplejamiento y el silencio del disidente, que da miedo. A mí Camps me da miedo, como demócrata. No me da risa, como a otra gente de fuera de Valencia, que lo vive como el personaje principal de un sainete tronchante, con sus trajes, su “te quiero un huevo” y su “amiguito del alma”. A mí me asusta que alguien de su catadura esté gobernando mi tierra. Y que el tenebroso ejemplo de Fabra nos haga presumir que pueda seguir haciéndolo durante un tiempo.

Encima, unos piratas secuestran un barco en el Indico y el juez Garzón reclama que vengan a España dos de ellos. Los piratas amenazan de muerte a los pescadores. Si forzamos el EStado de Derecho y liberamos a los piratas y pagamos el rescate, el Gobierno se habrá rendido ante unos piratas. Si ataca el barco para buscar una liberación por la fuerza, los piratas matan a los marineros y el Gobierno ha provocado una masacre.

Hay veces que gobernar es bonito, pues inauguras trenes, ayudas a la gente, impulsas avances. Otras veces, tanto los que están en Moncloa como los que participamos del proyecto político que apoya al Gobierno, preferiríamos estar en otro pellejo. Pero como no puede ser, habrá que arremangarse y tomar decisiones, y aguantar las críticas. Dolernos del golpe y seguir luchando. ¿No es eso gobernar? Pues sí, y desde luego es mucho mejor que estar en la oposición. ¡Qué vida la del político¡

Ante todo, deberíamos congratularnos de que en este país se persiga la corrupción. Pero inmediatamente debemos combatir todos unidos la sensación de que todos los políticos, con independencia de su filiación partidaria son igual de corruptos, y de que ahora hay más corrupción que nunca.

Lo primero no es verdad. Aquí hay partidos que han vivido una trama corrupta a sus más altos niveles y otros que no.  Además, hay partidos que han reaccionado en todos los casos expulsando a los militantes imputados en estos casos y otro, el PP, que cuenta entre sus filas a dirigentes imputados en todo tipo de delitos sin que les suponga ello ningún problema -léase Fabra- y que reaccionan ante la corrupción intentando cuestionar la labor de la fiscalía, la policía y la judicatura cuando ésta persigue a sus correligionarios. Con todo, tampoco es justo decir que los políticos del PP son en su mayoría corruptos. Lo que me indigna es la reacción contra el denunciante, la desfachatez de Camps y su tropa, pasando del tema y tomando a todos los valencianos por estúpidos, pero puede que Camps, Costa y Rambla sean unos corruptos, pero ni por asomo se puede decir lo mismo de la inmensa mayoría de los representantes políticos de dicho partido.

Lo segundo es más falso todavía. No es que ahora haya más corrupción, es que ahora se persigue mucho más, porque por primera vez un Gobierno está poniendo todos los medios para que este tipo de delitos se depuren.  Y eso hay que explicarlo, porque los demagogos van a venir en seguida a decirnos que pasemos de la política porque no es de fiar, cuando ha sido la política, la de este Gobierno, la que está posibilitando que todo esto salga a la luz, caiga quien caiga, los nuestros o los suyos.

Debemos actuar rápidamente, porque cuando la ciudadanía pierde la confianza en la política la alternativa siempre es peor para la democracia.

Obama no sólo es el Presidente de USA; se ha convertido en un icono de la izquierda europea, en una especie de nuevo Che Guevara. Sí, bueno, los dos personajes no se parecen nada en lo ideológico, pero sí en que han sido tomados como imágenes de progreso, rebeldía frente al destino, avance para la igualdad, en eso sí. Debe ser algo estupendo entrevistarse con un personaje que ya ha hecho historia, y que a buen seguro se va a convertir en uno de los presidentes de EEUU más recordados, a la altura de JFK, FDR o Lincoln.

Sobre todo, porque el icono habló bien de Zapatero y de España, especialmente en un ámbito, el de las energías renovables y el tren de alta velocidad, donde dijo que éramos líderes mundiales. Es curiosa la fascinación que en el extranjero despierta algo a lo que en España no le prestamos excesiva importancia. El otro día la Fundación Ideas organizó una Conferencia con The Center for American Progress. Su presidente, John Podesta, el que fuera jefe de gabinete de Bill Clinton en la Casa Blanca y una de las personas más influyentes de los demócratas americanos, dijo textualmente: “en materia de energías renovables, venir a España es venir al futuro. Aquí se han hecho cosas que en EEUU mucha gente discute que se puedan hacer. Son un ejemplo y les felicito por ello. Están a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático”. Obama debe haber hablado con Podesta, porque hizo referencia a esta realidad, y no es la primera vez.

¿Somos conscientes de que en el extranjero piensan en España como un país a la vanguardia en un campo tan importante como éste? Creo que ni nuestra prensa, siempre tan derrotista, ni nuestra forma de ser, siempre tan dada la autocrítica, nos lo permiten, y mucho menos si detrás de esta realidad está el continuo impulso del Gobierno de Zapatero, que ha entrado en esa dinámica tan ibérica en la que se le hace responsable sin desmayo de todos los males del país.  Obama puede decir misa, que aquí nos va fatal en todo, ¡qué sabrá ése¡

El pueblo judío está obsesionado con adelantarse a cualquier amenaza y destruirla. No se perdonan lo que les pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial: todavía hay una especie de resentimiento contra una forma de ser judío que les llevó al matadero sin apenas protestar ni rebelarse, sin luchar. De ahí el uso desproporcionado de la fuerza: creen que ningún ataque ha de quedar sin respuesta. Creen haber aprendido de la Historia que para sobrevivir necesitan aparentar fortaleza, no tolerancia y buenismo. Sobre todo en una zona como Oriente Medio. Si de todas formas nuestros vecinos nos odian, al menos que nos respeten.

Otra característica que sorprende del pueblo judío es que todavía ve muy factible que se pueda producir un nuevo holocausto, si bajan la guardia. No les faltan motivos para no bajar la guardia en una región donde en todas las fronteras han tenido o tienen enemigos declarados, pero ellos no lo viven como una guerra de baja intensidad, con conflictos armados puntuales, sino como la lucha por la supervivencia de su pueblo.

Ese sentimiento está ahora más presente que nunca, en proporción al nuevo enemigo al que creen enfrentarse: el programa nuclear iraní se vive como el pórtico a otra shoah. Lo dijo su Primer Ministro cuando visitó Auschwitz hace unos meses: “Irán puede ser el próximo holocausto del pueblo judío”. Pero no sólo es una opinión de su primer ministro: detecté cierto consenso en los interlocutores que tuvimos de la sociedad y el gobierno israelí sobre la inminencia de un ataque nuclear sobre Israel si Irán consigue la bomba atómica.

En este estado mental, la consecuencia lógica que Israel está planteando no es otra que un ataque preventivo contra Irán antes de que consiga su objetivo. Es una posibilidad tan real como programada, que sólo puede ser frenada por una combinación entre la presión de Obama y la constatación de que Irán no se está acercando al objetivo.

Hagamos un análisis desde la distancia de todo este embrollo. Es cierto que Irán es una amenaza para Israel, y que declaraciones de su líder en la línea de que va a destruir Israel, o mofándose del Holocausto, no son tranquilizadoras. Estamos ante una bestia parda, eso nadie lo duda. Pero de ahí a pensar que Irán va a lanzar la bomba atómica, sin previa provocación, sobre Israel, sabiendo que Israel tiene más de 200 armas nucleares, y que la consecuencia segura de su ataque sería la destrucción nuclear de Irán, me parece que tiene un punto de paranoia. Un ataque nuclear sobre Israel que sería también un ataque sobre Palestina, por supuesto, es decir, el asesinato de miles de palestinos. ¡Ojalá ni Israel ni Irán, ni Paquistán ni India, ni Francia ni Rusia, ni EStados Unidos tuvieran la bomba atómica¡ Incluso estoy dispuesto a compartir que Irán tiene en la actualidad dirigentes algo más enloquecidos que la media en aquella región de locos, pero no veo nada probable que una Irán atómica suponga directamente un Holocausto II.

Sin embargo, para evitar esta posibilidad tan remota, Israel está dispuesta, preparada y determinada a atacar de manera preventiva las plantas donde Irán está fabricando su programa nuclear, provocando con ello una guerra en toda la región, que sin duda significará la destrucción de parte de Israel (con armas convencionales, eso sí), de Irán y de muchas vidas humanas. Sólo Estados Unidos puede postponer el ataque, pero si Irán sigue haciendo oídos sordos a la presión internacional para que frene su programa nuclear, y tiene toda la pinta que esto es lo que va a pasar, preparémonos para la gran guerra, sabiendo además que la comunidad internacional no se puede poner de parte de Israel, pues la primera agresión vendrá de ellos, y ello supone una violación del Derecho Internacional que no podemos tolerar.

La combinación entre un presidente iraní con una retórica radical y la persecución milenaria, Hitler, su masacre y las devastadoras consecuencias psicológicas que todo ello ha dejado en el pueblo de Israel pueden provocar que dentro de un año la crisis económica sea una tontería al lado de lo que se nos viene encima. Si Obama no lo evita.

No voy a entrar en explicar por qué considero esta dictamen plenamente acertado, pues es algo que ya hice en el anterior post; me voy a centrar en qué deberíamos hacer a partir de ahora. Obviamente, se trata de un dictamen que no es vinculante, pues en el seno de la ONU no existe control jurisdiccional que pueda compeler a los Estados al cumplimiento estricto de los convenios, como ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vela por el respeto de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma. Pero ello no quiere decir que estemos ante un asunto menor sobre el que no haya que pronunciarse.

 España se ha caracterizado en las últimas décadas por una paradoja: mientras conquistamos, entre otras cosas gracias a la utilización de la jurisdicción universal por la Audiencia Nacional, un respeto como país defensor de los derechos humanos, la ONU y otros organismos internacionales de protección de derechos nos suelen sacar los colores en referencia al trato que nuestros cuerpos de seguridad otorgan a los inmigrantes. En este caso concreto, además, no se trata de la detección de prácticas irregulares que hay que perseguir con más ahínco, no, se trata de una práctica aceptada abiertamente y avalada por todas las instancias constitucionales y jurisdiccionales españolas.

Por tanto, no se trata de una decisión que nos vincule, vale, pero un Gobierno progresista debe reaccionar ante este dictamen asumiendo su contenido y prohibiendo expresamente la utilización del criterio racial como práctica habitual de la policía a la hora de identificar posibles infractores de la ley, máxime cuando este mismo Gobierno está a las puertas de remitir al Parlamento una Ley de Igualdad de Trato que va a reforzar los mecanismos para luchar contra la discriminación racial, entre otras. ¿Con qué credibilidad vamos a reclamar a la sociedad más respeto a la igualdad si el Estado sigue manteniendo estas prácticas?

Y mientras hacemos esto, debemos dar pasos en la extensión de derechos: de la mujer (ley de interrupción voluntaria del embarazo), de las minorías (Ley de Igualdad de Trato) y de la laicidad (Ley de Libertad Religiosa). Todas estas leyes encontrarán grandes resistencias en sectores muy arraigados de la sociedad, pero benefician al conjunto de la ciudadanía, y sólo nosotros podemos llevarlas a cabo. Debemos negociar, buscar consensos, pero nunca ceder en lo esencial. Aquí también debemos ser valientes. No es momento para la contemporación, es el momento de la verdad.

La realidad es muy distinta: ese mismo partido, el PP, fue el que aprobó en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente, que establece una regla general en su artículo 9: las personas mayores de 16 años pueden prestar su consentimiento para operaciones quirúrgicas de todo tipo, no necesitan el beneplácito paterno. El Estado no informará a los padres de dichas operaciones, salvo que el doctor de turno considere que existe grave riesgo, en cuyo caso se informará a los padres, sin que éstos deban prestar consentimiento alguno. Eso corresponde al paciente.

Por tanto, una niña de 16 años se puede operar de lo que le de la gana, sin consentimiento paterno y sin ser informados sus padres salvo en caso de grave riesgo en dicha operación. Por tanto, puede aparecer con unas tetas enormes, sin que el padre se haya enterado de nada. O puede decidir hacerse una operación a vida o muerte, contra el criterio de su padre. Eso es lo que hizo el PP. Pero estableció una excepción: el aborto. En ese caso, la niña necesita el consentimiento paterno, y si al padre le da por querer que su hija tenga un hijo que no desea, la niña tendrá el hijo, que para eso es su padre. Y si la niña no quiere informar de su decisión a sus padres por alguna razón (fanatismo religioso, abusos sexuales en el seno familiar,  etc..) el Estado lo hará por ella.

Es esta excepción la que quiere evitar el proyecto de ley del Gobierno, parangonando el aborto a otras intervenciones quirúrgicas de la niña. No se trata de tratar el aborto de forma distinta, al revés, se trata de que el aborto se deje de tratar de forma distinta. En el fondo, la fuerte oposición a esta fórmula es una manifestación más de la dificultad que está demostrando la sociedad para tratar con los derechos de los menores de más de 16 años. Pero esto será objeto de otro post.

Básicamente se dice que los empleados con contrato fijo tienen una indemnización demasiado alta, que habría que rebajarla. Esta idea se deja entrever en todas las declaraciones que hablan sobre la reforma del mercado laboral: abaratar el despido como premisa para la creación de empleo. Se alega como prueba irrefutable de que hay que afrontar dicha reforma el hecho de que el desempleo se vea mucho más afectado en España que en otros países por la crisis.

Vamos a hacernos un par de preguntas respecto a este asunto. Primero, ¿el empleo que se está destruyendo en el sector de la construcción es fijo o temporal? Casi todo temporal, 700.000 empleos.  Por tanto, una reforma laboral para abaratar el despido, ¿serviría para contener esta sangría? En principio, más bien parece lo contrario, la podría aumentar, pues es la flexibilidad laboral, traducida en empleo temporal, la que provoca más desempleo.

Segunda pregunta: ¿Si el desempleo que se está creando se centra en el empleo temporal y en los sectores que más lo utilizan, de dónde sale la idea de que a más flexibilidad más empleo? Sus defensores nos dicen que, bueno, a corto plazo podría haber más paro pero a largo plazo menos, porque los empresarios estarían más tentados de contratar más. 

¿Qué pienso yo de todo esto? Que el paro en España tiene mucho más que ver con la quiebra de nuestro modelo productivo que con la regulación del mercado laboral, pero que eso no significa que ese mercado laboral no sea mejorable. Pero esa mejora no la centraría yo tanto en abaratar el despido, sino en acabar con la temporalidad. Y si, a cambio de acabar con los contratos temporales, debemos moderar el coste del despido, ahí se puede negociar. Cualquier otro planteamiento no sirve para crear empleo, sino para destruirlo aún más.