Suscríbete por email!Al hilo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año se me ha venido a la cabeza que la última Ley de Acompañamiento fue del 2003, cuando gobernaba el PP. El Gobierno socialista acabó con la Ley de Acompañamiento, por ser una ley que se aprobaba sin el debate parlamentario y los trámites propios de cualquier otra ley, lo que, según todos los indicadores de calidad democrática, la convertía en una mala práctica. Un ejemplo muy gráfico es que ese año, en 2003, aprobamos la ley que transponía la Directiva contra la discriminación racial junto a un sinfín de disposiciones más, en una ley “cajón de sastre” que ni se debatía ni se sometía a los mismos controles parlamentarios que las demás leyes. Desde entonces esta práctica se ha desterrado, lo que obliga al Gobierno a tener que cubrir todos los trámites para aprobar una ley, sin poder recurrir en situación de emergencia a esta fórmula, que utilizó tanto Felipe como Aznar.
Además de esto, el Gobierno socialista de ZP reformó la ley para que el Director General de RTVE fuera elegido por el Parlamento por una mayoría cualificada, de tal forma que necesitara los votos de la oposición para ser elegido. De esta forma, se acababa con décadas de sometimiento de la televisión pública al Gobierno de turno, que llegaron al paroxismo con los telediarios de Urdaci. También aprobó una ley para limitar la publicidad institucional, haciendo inviable aquella que supusiera propaganda de los logros del Gobierno. Limitó el número de preguntas al Gobierno del Grupo socialista y aumentó el que viene del resto de grupos. Por primera vez, el Presidente acude al Senado a someterse a control.
Me viene todo esto a la cabeza siempre que veo Canal 9 o Telemadrid (y no lo digo sólo porque sean del PP, sino porque vivo en Madrid y soy de Valencia, así que son las televisiones públicas autonómicas que más frecuento). Lo que me viene a la cabeza al ver cómo se manipula groseramente la información, o cuando me cuentan que en las Cortes Valencianas pueden pasar meses sin pleno alguno de control al Gobierno, o cuando asisto a obscena propaganda gubernamental pagada por todos a favor de casi todos los Gobierno autonómicos (a los que no se les aplica la ley estatal), o cuando compruebo cómo un medio de comunicación se alía con el Gobierno autonómico o local después de una masiva inversión de dinero público en el mismo, es sin realmente profundizar en la calidad democrática es algo que la ciudadanía aprecia o más bien es, como opinan algunos compañeros de mi partido, una concesión necesaria en términos cívicos pero contraproducente en términos electorales.
La pregunta realmente sería: ¿a la ciudadanía le importa la calidad de la democracia, que la información sea objetiva, que la oposición tenga resortes para controlar al Gobierno, que los derechos de las minorías se respeten, que el parlamentarismo funcione, que el dinero de todos no se gaste en propaganda, o en realidad todo esto le importa un pimiento? Tengo que confesar que no tengo una respuesta clara, pero lo que sí tengo claro es que a mí como ciudadano esto me importa mucho, y tiendo a pensar que los votos que se ganan con estas artimañas se pierden con gente que, como yo, juzga a los partidos por su apego al juego limpio y a las instituciones democráticas. Prefiero pensar que vivo en un país de ciudadanos inteligentes, y si no es así, si realmente aprovechar estas ventajas es tan importante como Esperanza Aguirre o Camps piensan, prefiero trabajar porque ello cambie antes que utilizar sus mismas tretas si cambia la tortilla. Y que me llamen ingenuo, lo prefiero.
