Agora

• 28 Ene 2009

  Tengo una pregunta para usted

  Los ves ahí, tan desubicados, tan expectantes, tan poco convencionales. Somos nosotros, la gente, preguntando al político. Lo primero que se nota es una gran diferencia entre los profesionales, entre los que están acostumbrados a salir en la tele, es decir, el presentador y el invitado, y los que no lo han hecho en su vida, esto es, todos los que preguntan. El programa es atractivo precisamente porque llama la atención ese contraste, porque descubrimos enseguida que los periodistas, los inquisidores profesionales de los políticos, no hacen preguntas tan interesantes, imprevisibles y directas como la gente.

  Viendo anteayer en TVE cómo el Presidente Zapatero volvía a demostrar que está muy por encima como político que lo que la mayoría de los medios de comunicación nos venden, se me vino una reflexión a la cabeza: ¿es éste el comienzo del fin del Parlamento como principal fuente de control al Gobierno? Ya sabíamos que el Parlamento ya no es lo que era: en realidad, hace tiempo que hemos llegado a la conclusión de que la principal finalidad de la función de control no es el control parlamentario en sí, sino el desgaste que el mismo supone para el Gobierno a través de la información sobre el mismo que transmiten los medios de comunicación. 

  Ahora surgen nuevas fórmulas que pueden debilitar esta función: para controlar al Presidente del Gobierno prescindimos, cada vez más, de los representantes. Tenemos la posibilidad técnica de que nosotros mismos, elegidos científicamente para representarnos, controlemos al Presidente. Nuestras preguntas son más interesantes, nuestro interlocutor se lo prepara mejor, la audiencia es mucho más alta. Y no sólo estoy hablando de este programa: Web 2.0; los chats políticos, los blogs de los Ministros, todo tiende a que el representado ejerza un control directo sobre el Gobierno.

  Todos estamos felices por ello: democracia en estado puro. Pero si un programa como “Tengo una pregunta para usted” se convierte en algo más seguido y, por tanto, más importante que el debate sobre el estado de la Nación, cuando menos debemos reconocer que es un paso más hacia la pérdida de relevancia del Parlamento. Y si son los representantes elegidos por una encuesta científica de población, y no los que nosotros elegimos, los que van a hacer las preguntas de control más importantes de todo el año, algo está pasando. ¿Es esto algo positivo o negativo? Todavía no lo sé. Pero desde luego es materia para reflexionar.

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• 20 Ene 2009

  La huelga de los jueces

  Cuando fui Director de Gabinete del Ministro de Justicia, una de las cosas que más me llamó la atención fue que un Ministro de Justicia, al contrario que el Ministro del Interior, de Administraciones Públicas o de Cultura, tiene vedado constitucionalmente ningún tipo de ascendencia sobre los funcionarios al frente de la Administración de Justicia, es decir, sobre los jueces. No sólo es que la independencia judicial consagrada en la Constitución se utilizara para evitar cualquier presión del Gobierno sobre las resoluciones judiciales, como no podía ser de otra manera. No. Es que la independencia judicial era manoseada por los jueces para oponerse a cualquier tipo de control de la calidad de su trabajo, de su horario, de su vida profesional.  Los jueces no somos Administración de Justicia, somos poder del Estado, y como tal, sólo respondemos ante nosotros mismos, decían. La APM y la derecha judicial más corporativa que domina la Carrera lo dejaban muy claro a cada paso que se intentaba dar para corregir el desastre que es la Administración de Justicia, desastre que oyendo hablar ahora a algunos jueces parece como si no fuera con ellos.

  Por eso me llama poderosamente la atención que ahora los jueces quieran hacer huelga, y eximan para ello el art. 28 de la Constitución, que habla del derecho de los trabajadores a la huelga. ¡Ahora son trabajadores por cuenta ajena, sometidos a un patrón, y no un poder del Estado¡ Bueno, en realidad la versión es un win-win para los jueces: somos un poder del Estado, pero como nadie nos lo prohíbe podemos hacer huelga.

  Con independencia de la firmeza en los principios que demuestra esta actitud, fijaros la paradoja que sería que la Administración decidiera demandar a los jueces por incumplimiento de los servicios mínimos ante los mismos jueces, que la interpretación de la legislación sobre la huelga que hacen los jueces fuera sobre su propia huelga. ¡¡O que la fijación de los servicios mínimos del Estado fuera recurrida por los jueces ante sí mismos¡¡ Podríamos seguir imaginando que, envidioso de estas nuevas atribuciones, el Presidente del Gobierno y los Ministros se pusieran en huelga contra el Legislativo por no subirle el sueldo. ¡Por qué no, si no lo prohíbe expresamente la Constitución ni ninguna ley¡ La consecuencia sería su no comparecencia en sesión de control, pero no porque no quiera ser controlado por el representante de la voluntad popular, sino porque está en huelga.

  Si encima estamos hablando de un Cuerpo de funcionarios que no gana menos de 5000 euros al mes, sólo podemos llegar a una conclusión: a trabajadores tan esforzados y tan maltratados, tan indefensos, no les podemos negar un derecho fundamental tan importante para ellos. ¡A la huelga, compañeros¡

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• 12 Ene 2009

  Gaza en los medios

  Aviso desde el principio: no soy de los que piensa que Israel debe desaparecer, ni tengo ningún problema contra el pueblo judío, ni tampoco creo que ni éste ni ninguno de los conflictos que se han librado en Oriente Próximo en los que ha intervenido Israel sea comparable al holocausto de judíos y gitanos por los nazis, como a veces se dice (lo cual no significa que algunas de las acciones de Israel sí puedan considerarse crímenes de guerra). Pero, dicho esto, lo de Gaza es un atentado contra la dignidad humana que debe parar cuanto antes. Y no me refiero sólo a los bombardeos y a las masacres; también estoy hablando del estrangulamiento económico, de la condena de un pueblo entero a la miseria.

  Demasiado acostumbrado al horror en Palestina, una de las cosas que siempre me llama la atención de este conflicto es la abismal diferencia entre la información emitida por los medios europeos y los medios americanos. Veo en las televisiones de Estados Unidos y en sus periódicos un frío análisis que excluye las imágenes del horror y cuenta la tragedia como si de una guerra igual a igual se tratara. Incluso cuando informan de las víctimas palestinas, The Washington Post, por ejemplo, dice 900 muertos según las autoridades de Gaza, como diciendo, bueno, está por ver, eso es lo que dicen ellos.  Y la versión israelí siempre está presente. Y a unos se les llama Israel y a los otros terroristas: de hecho, algunos titulan la información con el encabezado de War on Terror (Guerra contra el terrorismo).

  Veo en los medios europeos, sin embargo, una aproximación más humana, casi angustiosa: nos enseñan los cadáveres de niños, nos cuentan las penurias de la población, y dan la imagen de que estamos ante una masacre de un pueblo por un Ejército poderoso e implacable, sin apenas resistencia. Aquí Israel es claramente el malo de la película, el genocida, la bestia.

  Los medios no son parciales, toman parte. Siempre lo hacen, pero en este caso, la diferencia es tan grande, que da miedo. Te puedes creer una versión o la otra. La mía es la siguiente: es innegable que alrededor de 900 palestinos han muerto, y unos 10 israelíes. Si esto es una guerra desde luego no es de igual a igual. Y que la gente de Gaza vive  una desesperación inimaginable, gracias al fanatismo de Hamas, pero sobre todo debido a la crueldad de algunos políticos israelíes.  Y sobre todo tengo una cosa clara: todas las personas de bien debemos actuar para que esto pare. ¡Ya¡

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• 09 Ene 2009

  El banquillo de los acusados en campaña

  La Ley de Partidos acabó con muchos años donde la democracia trató, a base de demasiada buena voluntad, integrar a los violentos en las instituciones. Creo que los años han venido a justificar que esta Ley, fruto del Pacto Antiterrorista firmado en 2000, ha sido un arma potente en la lucha contra ETA, y, sobre todo, ha evitado la humillación de las víctimas al ver a los que jalean a sus verdugos ejercer cargos institucionales. Sin embargo, como demócrata convencido, no dejo de percibir que esta ley tiene una nota de excepcionalidad  que me conduce a pensar que cualquier interpretación excesivamente amplia de la misma puede constituir un problema grave para el sistema democrático.

  Viene a cuento esta reflexión al hilo de la pésima imagen que supone ver en el banquillo de los acusados al lehendakari y al líder de la oposición, elegido por los vascos, por haberse sentado a hablar con miembros de Batasuna, en el loable intento de conseguir un final dialogado de la violencia. Y más escándalo me produce que todo ello venga instigado por la acción popular ejercida por un sindicato ultraderechista llamado Manos Limpias, famoso por judicializar cualquier aspecto de la vida política que no le agrada.

  El banquillo de los acusados, además, coincide casualmente, o no tanto, con la campaña electoral. Y se ha convertido, paradojas de la vida, en la última oportunidad del lehendakari de darle la vuelta a las encuestas y lograr mantenerse en el poder. Porque lo que está pasando, y ni os cuento si alguno de los dos es condenado, lo único que está haciendo es desligitimar una acertada ley, a base de retorcerla de manera espúrea desde la derecha más extrema alentada por el ala dura del PP.

  Casi nadie en el País Vasco puede entender que su lehendakari se siente en ese infamante banquillo por hablar con los miembros de Batasuna que, por muy mal que nos caigan, eran pesonas que no estaban condenadas por ningún delito y, por tanto, no eran terroristas, como veo que vuelve a decir hoy una representante del PP. Y ése es precisamente el mensaje que el PNV tratará de explotar: la pérfida España criminaliza que el máximo representante de los vascos se siente a hablar con otro vasco para buscar una solución a la violencia. Sólo por hablar de acabar con ETA vas a la cárcel en España. En realidad vas a la cárcel por ser vasco. ¡Qué regalo más estúpido no sólo al PNV sino a la propia ETA¡

  Lo peor es que no es eso lo que dice la ley: es sólo la fanática interpretación de la misma que hace la extrema derecha española, que no olvidemos que tiene muchos adeptos entre la judicatura. Extrema derecha que ha sido demasiado tiempo alentada por el PP. Ojalá una victoria de Patxi López acabe de una vez con tanta sinrazón, para que el nacionalismo vasco y sus planes secesionistas pasen a la oposición, para que los bárbaros cesen de dar tiros, pero también para que el nacionalismo español no vuelva a incurrir en tantos excesos como ha incurrido en los últimos años.

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• 02 Ene 2009

  ¿Quién controla al controlador?

  Uno de los aspectos más controvertidos del sistema constitucional es decidir quién controla al controlador y cómo lo hace. Nuestra Constitución establece controles para que los poderes no sean absolutos, y así hasta el Legislativo, que supone la representación de la voluntad popular, no tiene poderes ilimitados, al establecerse que el contenido de las leyes debe adecuarse a la Constitución y señalarse una instancia superior que ejerce dicho control: el Tribunal Constitucional. Por otro lado, la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de los ciudadanos y de los poderes públicos está controlada por el Poder Judicial. Para que estos órganos puedan ejercer su labor sin presiones se les reviste de numerosas garantías, entre las que se sitúa la garantía de la independencia.  De tal forma que, al igual que en un partido de fútbol las reglas las interpreta y aplica un árbitro, o en un concurso de belleza existe un jurado que decide el ganador, las reglas que rigen nuestro Estado de Derecho se aplican e interpretan de acuerdo a lo que señalan los jueces, y estos jueces ejercen su labor con absoluta independencia.

  Pero claro, llevado a su último extremo, ¿qué significa esto? ¿Significa que un juez puede hacer lo que le venga en gana en su trabajo sin ningún tipo de control en aras de su independencia? Parece ser que en España gran parte de los jueces, apoyados por un sistema que les permite autogobernarse, han acogido una interpretación cercana a esta premisa inadmisible. Sólo desde esta perspectiva cabe entender que todos los jueces en bloque que forman el Consejo General del Poder Judicial hayan decidido que un juez que permanece más de dos años sin ejecutar una sentencia de un señor condenado por abusos sexuales, dando lugar a que en ese período de tiempo dicho individuo viole y mate a una niña, se pueda ventilar con 1500 euros de multa.

  Porque este desgraciado episodio del juez Tirado es sólo la punta del iceberg más dramática de un problema estructural. En España, en aras de la independencia judicial, los jueces carecen de mecanismos de control de su trabajo que merezcan ese nombre. Para empezar, según un desafortunado diseño constitucional, son ellos mismos a través del CGPJ los que deciden sobre sus infracciones y sanciones. Es como si los médicos decidieran cómo y de qué manera sancionar las negligencias médicas. Además, si falta al trabajo, o llega tarde, o sólo dicta una sentencia al mes, o si no dicta ninguna, no tiene ningún jefe ni Administracion que le llame la atención, pues nadie puede controlar al controlador, porque en eso se basa la división de poderes, nos dicen. Será la inspección del CGPJ, es decir, de los propios jueces la que hará el trabajo, pero no lo hace, porque, ay, es del gremio, y es comprensible que sea un desastre, porque no hay medios, no hay organización, son los políticos quienes tienen la culpa de que una sentencia no se ejecute,de que muera la niña.

  Controlar al controlador, si hablamos del contenido de las sentencias, no es buena idea, por supuesto: supondría cercenar una de los pilares del Estado de Derecho. Pero controlar al controlador, cuando hablamos de las exigencias mínimas del desempeño de su trabajo -que se cumpla el horario laboral, que se dicten las sentencias, los autos- no sólo es conveniente sino absolutamente necesario para que la Justicia en España deje de ser la pesadilla que todos conocemos y comience a recuperar un mínimo de dignidad. Por ello es urgente, cuanto antes, una reforma de la Constitución para asignar al Ministerio de Justicia la competencia para controlar estos desmanes, como ocurre en casi todos los países democráticos de nuestro entorno. El CGPJ ha demostrado consabidas veces que el corporativismo le impide ejercer esta función como la ciudadanía exige.

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