La abrasiva campaña del PP y una mala política de comunicación ha llevado a pensar a la gente que el Gobierno quiere introducir una novedad en nuestra legislación: las mujeres de 16 a 18 años que quieran abortar no están obligadas a informar a sus padres de ello ni obtener su aprobación, contrariamente a lo que ocurre con el resto de operaciones quirúrgicas. No pueden beber alcohol, pero pueden abortar, qué disparate¡¡ Pobres padres, excluidos de tan importante decisión de su hijita.
La realidad es muy distinta: ese mismo partido, el PP, fue el que aprobó en 2002 la Ley de Autonomía del Paciente, que establece una regla general en su artículo 9: las personas mayores de 16 años pueden prestar su consentimiento para operaciones quirúrgicas de todo tipo, no necesitan el beneplácito paterno. El Estado no informará a los padres de dichas operaciones, salvo que el doctor de turno considere que existe grave riesgo, en cuyo caso se informará a los padres, sin que éstos deban prestar consentimiento alguno. Eso corresponde al paciente.
Por tanto, una niña de 16 años se puede operar de lo que le de la gana, sin consentimiento paterno y sin ser informados sus padres salvo en caso de grave riesgo en dicha operación. Por tanto, puede aparecer con unas tetas enormes, sin que el padre se haya enterado de nada. O puede decidir hacerse una operación a vida o muerte, contra el criterio de su padre. Eso es lo que hizo el PP. Pero estableció una excepción: el aborto. En ese caso, la niña necesita el consentimiento paterno, y si al padre le da por querer que su hija tenga un hijo que no desea, la niña tendrá el hijo, que para eso es su padre. Y si la niña no quiere informar de su decisión a sus padres por alguna razón (fanatismo religioso, abusos sexuales en el seno familiar, etc..) el Estado lo hará por ella.
Es esta excepción la que quiere evitar el proyecto de ley del Gobierno, parangonando el aborto a otras intervenciones quirúrgicas de la niña. No se trata de tratar el aborto de forma distinta, al revés, se trata de que el aborto se deje de tratar de forma distinta. En el fondo, la fuerte oposición a esta fórmula es una manifestación más de la dificultad que está demostrando la sociedad para tratar con los derechos de los menores de más de 16 años. Pero esto será objeto de otro post.

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